El diputado tránsfuga, necesidad de una reforma normativa que regule su investidura

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De cara a las elecciones de febrero del 2018 se elegirán 57 señoras y señores diputadas y diputados de la República, quienes en el ejercicio de su investidura constitucional serán llamados por los ciudadanos de una lista de cientos de postulantes de poco más de una veintena de diferentes partidos políticos, entre provinciales y nacionales, inscritos formalmente para estas elecciones nacionales.

Sin duda alguna y con un alto grado de probabilidades nos enfrentaremos nuevamente durante los siguientes cuatro años de mandato de dichos diputados ante el fenómeno del transfuguismo político, muy poco conocido por su nombre, pero sí por la experiencia política costarricense de las últimas generaciones de diputados, de hecho el fenómeno de transfuguismo a nivel parlamentario es una práctica que se viene presentando de manera constante a partir de 1998, y que se refiere al “comportamiento de una persona que, habiendo sido elegida para su cargo en función de la adscripción a un determinado partido político, decide cambiar de opción partidista sin renunciar al cargo que desempeña” (Vanaclocha y Lorenzo, 2012).

El Diccionario de la Lengua Española define el transfuguismo como “especialmente en la vida política, actitud y comportamiento de quien se convierte en tránsfuga”. Es decir, ya en su definición dicha actitud y comportamiento se circunscribe especialmente al ámbito de la actividad política, con el resultado final de un individuo que deviene en tránsfuga. Al acudir a la definición de este último, la información se concreta: aparecen tres acepciones que nos sitúan de lleno en un rico debate conceptual. En primer lugar, se define al tránsfuga como “persona que pasa de una ideología o colectividad a otra”. Además, la segunda acepción ahonda en el ámbito político con una concreta y específica calificación: “persona que con un cargo público no abandona este al separarse del partido que lo presentó como candidato”, y, finalmente, la tercera acepción nos remite a otro ámbito de la actividad humana que presenta notables reminiscencias –aunque sean metafóricas– con la actividad política: “militar que cambia de bando en tiempo de conflicto”.

¿Cómo responde el sistema político costarricense ante tal situación de cambio o mutación?

Ciertamente en el caso particular de Costa Rica la normativa de rango legal – Código Electoral -, nuestra Constitución Política y el Reglamento de la Asamblea Legislativa son omisos, encontramos a lo sumo resoluciones de la Sala Constitucional, resoluciones del Presidente de la Asamblea Legislativa y algunos criterios del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, pero más enfocados en el tema de los diputados independientes, propia de la segunda acepción arriba indicada.

En términos generales, los ordenamientos jurídicos en el derecho comparado nos ofrecen dos grandes escenarios o maneras para resolver dicha situación:

Escenario 1: la curul corresponde al partido político. En esta situación, aquel representante que abandonara o fuera expulsado de su partido político perdería la curul y, por lo tanto, el partido político que lo presentó tendría libertad de acción para decidir quién lo sustituiría o a quién se concedería la curul. Los defensores de dicha opción argumentan que ello permite mantener la fortaleza de los partidos políticos como protagonistas y garantes del sistema político, a la vez que dicha configuración permitiría también mantener el equilibro político resultante de las elecciones. Ello permitiría incentivar también la generación de consensos internos, toda vez que la única opción viable para los representantes en un contexto de discusiones internas, sería la búsqueda de un equilibrio consensual. No obstante, no se nos escapa que esta argumentación puede torcerse de manera excesivamente fácil en un mecanismo para –precisamente– ahogar las críticas internas y, por ello, perjudicar al disenso constructivo en el seno de las organizaciones partidistas.

Escenario 2: la curul corresponde al representante y éste puede conservarlo independientemente de que se mantenga o no en el mismo partido político. En esta ocasión la solución se construye sobre la voluntad de potenciar y reforzar el papel de los representantes individualmente considerados al entender que, más allá de la necesaria presencia del partido político, el verdadero titular del mandato representativo otorgado por los electores no pueden ser los partidos políticos. Los defensores de esta solución argumentan que sólo así se puede hacer efectiva la prohibición generalizada del mandato imperativo existente en nuestros días, así como se rompería con lo que algunos han dado en llamar el “mandato neoimperativo de partido”. Si bien los críticos apuntan que esta solución puede debilitar la disciplina interna en los partidos, lo cierto es que la práctica del transfuguismo no parece ser la causa de dicho debilitamiento sino, precisamente, el efecto de una organización con poca o nula capacidad de integrar el debate interno y, por ello, escasos niveles de democracia y/o de disciplina internas (Vargas y Petri, 2009; Fortín, 2010).

De cara a este fenómeno, recordemos que nuestro sistema electoral se sustenta sobre lo que se denomina representación política, es decir, el resultado de un proceso político-electoral mediante el cual una comunidad – nosotros los ciudadanos- ha seleccionado y ha elegido a alguno o algunos de sus miembros para que se hagan cargo, defiendan, argumenten, los temas y los intereses que son comunes. Así, la comunidad lo hace su representante y lo coloca en un órgano de discusión y decisión del gobierno.

El significado originario de representación política es la actuación en nombre de otro en defensa de sus intereses. Es decir, la parte principal (el pueblo, la nación) cede al representante el papel de argumentar, desarrollar, defender y difundir sus intereses y objetivos. El representante no sólo encarna esos intereses, sino que debe darles racionalidad e inscribirlos en el orden legal y estatal de que se trate. El representante debe demostrar que es el más capacitado y competente para defenderlos por sobre otros miembros que también desean alcanzar la misma representatividad, de una comunidad, de una institución, de un distrito, etcétera.

Pero valga citar algunas cifras de cómo se ha comportado la representación política ante el transfuguismo: la legislatura con mayor presencia de diputados tránsfugas fue la de 2002 – 2006, dónde un 19% del total de diputados se declaró independiente. Las restantes tres legislaturas entre 1998 y 2014 manejaron porcentajes de transfuguismo del 4%, 5% y 9% respectivamente, y si bien los mismos son relativamente bajos, es importante resaltar que durante ese periodo el fenómeno ha estado siempre presente en este espacio de toma de decisión y ha mostrado una tendencia a ir en incremento, de ahí que en tesis de principio podríamos indicar y tomando como parámetro de análisis que en la actual legislatura contamos con al menos tres diputados independientes y 9 fracciones políticas, algunas de ellas sumamente fragmentadas a lo interno en varias subfracciones, que deriva en la dificultad de tomar acuerdos políticos que permitan un buen gobierno, donde el transfuguismo político implica al menos una violación al principio de representación política propio de nuestra sistema político-electoral, siendo claro que ningún postulante llegará a ser diputado por sí mismo, sino por toda una maquinaria política-partidaria, financiada con donaciones de cientos de partidarios y millones de colones pagados con deuda política, que coadyuva mayoritariamente en una real posibilidad de que dicha persona nos termine representando políticamente en el Congreso de la República, de ahí la pertinencia, la necesidad y la oportunidad de regular dicho fenómeno, inicialmente con el presente artículo ponerlo al menos en la mesa de análisis y discusión, de cara a que muy probablemente contaremos con una Asamblea Legislativa sumamente fraccionada y uno que otro diputado tránsfuga en el cuatrienio 2018-2022.

Para nadie es un secreto que la diversidad de fuerzas políticas que llegarán al Congreso requerirá de los mayores y mejores esfuerzos para llegar a tomar acuerdos políticos en los grandes temas que nos incumben a todos, tomar acuerdos sobre la base de una agenda país, pero ante la presencia del transfuguismo político, me atrevería en indicar que este supone un claro falseamiento del proceso representativo, configurándose como una “estafa política” cuyos efectos destructivos alcanzan, de lleno, a los mismos fundamentos de la cultura política democrática de las sociedades en las que se dan. Parejo a ello podría eventualmente producir un incremento de algunas prácticas corruptas, habida cuenta que el tránsfuga busca, en la mayoría de los casos, una rentabilidad inmediata de su actuación, en el convencimiento de que difícilmente podrá volver a repetirla, así como por encontrarse condicionado al límite temporal impuesto por la duración de los mandatos. Un tercer gran efecto nocivo de los comportamientos tránsfugas tiene que ver con el debilitamiento de los partidos políticos y, por ende, del propio sistema parlamentario.

En algunos episodios de nuestro pasado reciente y ante la elección de Magistrados, el Directorio Político, el Defensor de los Habitantes, el Contralor General de la República, etc., el transfuguismo se nos ha mostrado cómo la capacidad de un representante nacional de “jugar” y negociar con su voto, único activo real y palpable con el que cuenta, y que puede llegar a poner en serios aprietos no sólo los procesos de transición y consolidación democráticas sino, mucho más grave aún, los fundamentos mismos de la cultura política democrática de una comunidad. Mientras no culmine y asiente un cambio de valores políticos en los que la rendición de cuentas, la asunción de las propias responsabilidades y la conciencia de servicio público no sean unánimemente compartidos, no podremos dejar de preocuparnos por la existencia de síntomas como estos, que ponen de relieve que el cuerpo de la democracia está aún siendo atacado por “elementos patógenos”.

Ahora bien, eventualmente violentándose el principio de representación política, al declararse un diputado tránsfuga, bajo la acepción de independiente, lo primero de gran relevancia a considerar es a quién representan dichos diputados, sobre ello la Sala Constitucional ha recordado en reiteradas ocasiones que, según establece el artículo 106 de la Constitución Política, los diputados son representantes de la Nación. En este sentido, si bien son electos mediante un partido político, al asumir sus funciones recae sobre ellos una representación mayor que la tendencia partidaria que les permitió llegar a tal puesto. Frente a ello, la sentencia número 2003-‐02865 de la Sala Constitucional indica que “Si bien es cierto, los diputados acceden a los cargos públicos a través de los partidos políticos, una vez electos, son representantes del pueblo”. Es por ello que, pese a que los diputados hayan firmado documentación con el partido político indicando que renunciarían a su curul si se separaban de su fracción, en términos prácticos lo anterior queda a criterio y voluntad del diputado, si decide declinar o no su puesto por tales razones y no existe obligación hacia el diputado de hacerlo.

Ante el diputado tránsfuga un segundo factor relevante a considerar es el principio de igualdad y el aseguramiento de un trato que no sea discriminatorio. Para ello, la misma sentencia antes mencionada versa que “Esta representación debe ser efectiva, lo que implica que deben existir los mecanismos legales que le permitan al diputado ejercer su función, contar con los medios necesarios para cumplir con el mandato constitucional que se les ha encomendado”.

Lo anterior ha hecho que en el seno de este órgano de representación se den una serie de cortesías vía prácticas parlamentarias a los tránsfugas legislativos que permitan asegurar el ejercicio de su función que la Sala Constitucional declara. Además, es crucial en términos de lograr establecer puntos de consenso y espacios de negociación con los diputados que se encuentran en dicha categoría con el fin de que se pueda avanzar con el trabajo parlamentario.

Reiterando que se requerirá de los mayores y mejores esfuerzos para llegar a tomar acuerdos políticos en los grandes temas que nos incumben a todos y de cara a que muy probablemente contaremos con una Asamblea Legislativa sumamente fraccionada y uno que otro diputado tránsfuga en el cuatrienio 2018-2022, es el momento para más que preocuparnos en analizar como regular la investidura del diputado tránsfuga.

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SOBRE EL AUTOR:
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Jerry Campos
Abogado y Notario Público. Mágister en Derechos Humanos por la UNED. Director de JC Consultores Jurídicos Especializados.