El derecho al olvido en las infracciones de tránsito

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El derecho al olvido puede conceptualizarse como un derivado del derecho a la autodeterminación informativa, es decir, el derecho de todo ciudadano de controlar el uso de su información personal. Está consagrado en el Art. 11 del Reglamento a la Ley de Protección de Datos Personales, que establece que “la conservación de los datos personales que puedan afectar a su titular no deberá exceder el plazo diez años, desde la fecha de ocurrencia de los hechos registrados, salvo disposición normativa especial que establezca otro plazo o porque el acuerdo de las partes haya establecido un plazo menor. En caso de que sea necesaria su conservación más allá del plazo estipulado, deberán ser desasociados los datos personales de su titular”.

Desde hace muchos años, el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) mantenía en su sitio web una plataforma de consulta pública sobre infracciones a la Ley de Tránsito cometidas por conductores. Con solo ingresar el número de licencia, se detallaban todas las infracciones cometidas desde que la plataforma se encontró disponible (hace más de 15 años).

Además, la consulta era considerablemente detallada, ya que no solo indicaba el nombre del conductor, la fecha de la infracción y la matrícula del vehículo que conducía, sino que incluso señalaba la infracción cometida con el artículo infringido y una descripción (por ejemplo: “conducción bajo los efectos del alcohol”, “exceso de velocidad”, “licencia vencida”, “infracción a la señalización”, “irrespeto a la autoridad”, etc.). La información permanecía en la base de datos aun si la infracción era pagada, revocada o, incluso, si estaba prescrita.

Esa información contenida en dicha base de datos se conformaba mayoritariamente por datos calificados como restringidos de conformidad con el artículo 3 inciso d) de la Ley de Protección de Datos, que al respecto indica: “Datos personales de acceso restringido: los que, aun formando parte de registros de acceso al público, no son de acceso irrestricto por ser de interés solo para su titular o para la Administración pública”.

Se trataba en consecuencia de una base de datos de carácter sancionatorio, similar a la denominada hoja de delincuencia, con la única diferencia que las sanciones son de tipo administrativo y no judicial, aunque inclusive cierto tipo de infracciones de tránsito constituyan al mismo tiempo delitos. Sin duda, el efecto ‘estigmatizante’ que podía tener este tipo de información lesionaba no solo el derecho de autodeterminación informativa consagrado en la Ley de Protección de Datos, sino que adicionalmente podía lesionar el derecho a la intimidad, el derecho al olvido y, en general, ocasionar daños de difícil o imposible reparación a una persona. De hecho, en no pocas ocasiones la información contenida en esta base de datos era utilizada por medios de prensa para consultar la conducta al volante de personas que se ven involucradas en accidentes de tránsito o por empleadores a la hora de seleccionar personal para labores relacionadas con la conducción de vehículos.

Mediante resolución de fecha del 2 de septiembre de 2016, la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) resolvió una denuncia interpuesta por un ciudadano que reclamó la existencia de información personal en la consulta de infracciones del Cosevi. En dicha resolución, Prodhab ordenó la eliminación de toda la información del denunciante de dicha base datos, tanto la que tuviera más de 10 años como la actual, esto por tanto determinó que no solo se debía proteger el derecho al olvido, sino que la base de datos en cuestión “no puede considerarse una fuente pública de acceso general”.

Pese a lo anterior, aun cuando en el pasado ya la Sala Constitucional -previo a la creación de Prodhab- había condenado al Cosevi a eliminar la información de otro conductor (Voto 2009-012973), y pese a tener la Prodhab facultades de actuación oficiosa, en aquella ocasión, Prodhab no ordenó al Cosevi eliminar la consulta pública de infracciones de todos los ciudadanos, sino únicamente las del denunciante, alegando que el mismo no representaba derechos difusos. No obstante, se indicaba en la resolución que Prodhab “urge de manera fehaciente que el Consejo de Seguridad Vial tome en cuenta lo aquí resuelto y establezca las medidas necesarias a efecto de eliminar la consulta pública toda vez que la misma no procede en los términos ya indicados”.

A pesar de ello, ante una nueva denuncia de un ciudadano, Prodhab volvió a revisar este tema mediante resolución del 1 de septiembre de 2017, justo un año después de la resolución anterior. En el caso en cuestión, Prodhab también ordenó eliminar los datos personales del denunciante, pero además, al haber trascurrido un año sin que el Cosevi implementara medida alguna en cumplimiento de la resolución anterior, Prodhab ordenó al Cosevi deshabilitar la consulta pública de las infracciones en los términos que se venía prestando.

De la resolución se desprende que la consulta electrónica podrá seguirse prestando en el tanto se garantice la privacidad de la información y los datos puedan ser consultados únicamente por su titular, como sucede por ejemplo con el sistema de orden patronal de la Caja Costarricense del Seguro Social, en donde se encuentran datos personales de acceso restringido como el salario, disponible únicamente para su titular previa autenticación mediante credenciales electrónicas adecuadas.

Sin duda, las actuaciones de Prodhab, en este caso, marcan un antes y un después en materia de protección de datos personales en el sector público en beneficio de la privacidad de toda la población.

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SOBRE EL AUTOR:
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Mauricio París
Abogado, socio de Expertis Legal.