Financiamiento bursátil municipal

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A los gobiernos locales de cada cantón les corresponde, por así establecerlo el artículo 169 de la Constitución Política, la administración de los intereses y prestación de servicios locales, lo que implica disponer de recursos para cumplir con el mandato constitucional.

Cuando los intereses cantonales se relacionan con la construcción de obras de gran envergadura, como podría ser un puente o un alcantarillado, las municipalidades se encuentran en aprietos económicos, porque los costos en proyectos de esa naturaleza sobrepasan los presupuestos ordinarios de cualquier gobierno local.

En estos supuestos, la obtención de crédito es prácticamente obligatoria. Mas, cuando de financiamiento se trata, existe una opción de la que solamente la Municipalidad de San José, de las 81 municipalidades que componen el territorio nacional, se ha visto beneficiada. Se trata del financiamiento bursátil.

Las municipalidades están facultadas para hacer uso de este mecanismo en virtud del artículo 87 del Código Municipal, siempre y cuando el concejo municipal así lo acuerde y se sigan las reglas de la Superintendencia General de Valores (Sugeval).

El financiamiento bursátil no es una operación de crédito ante un banco o una cooperativa, es decir que no requiere intermediación financiera, consecuentemente, es una opción de financiamiento más barata.

Además, a través del financiamiento bursátil, una municipalidad puede obtener sumas de dinero mayores que las que conseguiría con un crédito, por ejemplo, en el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), porque estos créditos se caracterizan por tener mayor liquidez.

Este tipo de financiamiento se logra a través de la emisión de bonos de deuda municipal en el mercado de valores y lo que lo hace aún más atractivo para el sector municipal es que sus bonos están exentos del pago de toda clase de impuestos.

Incluso, las municipalidades pueden definir otras características del crédito, como plazo, interés, mecanismo de colocación, redención, garantía, entre otras, de acuerdo con sus posibilidades económicas, porque el financiamiento bursátil es una camisa que elabora la municipalidad a su propia medida.

Otro plus para el sector municipal es que para la tramitación de la emisión de bienes no requieren autorizaciones como aprobación legislativa, ni autorización del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, ni autorización de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, ni el dictamen favorable del Banco Central de Costa Rica, ni tampoco la recomendación de la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, como sí lo requieren otras instituciones públicas.

Todas las peculiaridades del financiamiento bursátil son bien conocidas por el Gobierno central, que lo aprovecha constantemente en el financiamiento de la hacienda pública, pero no así las municipalidades, cuyo acercamiento a esta modalidad de financiación es bastante tímido.

Son varias las razones por las cuales el sector municipal no participa en el mercado bursátil, la principal es el desconocimiento sobre este medio de obtención de recursos. Los miembros del concejo municipal, que son los que conforme al artículo 86 del Código Municipal deben acordar la emisión de bonos, al ser electos en forma popular, no necesariamente están instruidos en el tema, como tampoco lo está, en su mayoría, el personal municipal, que puede proponer al concejo este mecanismo de financiamiento, y es el que en definitiva debe hacerse cargo de las labores preparatorias y subsiguientes de la emisión de bonos.

Dos instituciones son claves en el tema del financiamiento bursátil municipal. Una es el IFAM, ya que su ley de organización fundamenta la participación de su comisión técnica, que asesora a la junta directiva del IFAM al dictaminar sobre emisiones de bonos municipales. De haber solicitud de la municipalidad interesada, el IFAM puede actuar como agente financiero para la colocación de bonos a cambio de una comisión, sin embargo, no hay en todo el sector municipal experiencias en este tipo de solicitudes.

La otra institución es la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), pues su estatuto le encarga la promoción de la autonomía financiera y el mantenimiento y desarrollo de intercambio de ideas y experiencias en el campo municipal, función que no ha sido utilizada para informar sobre el financiamiento bursátil municipal. La UNGL no ha recogido ni recabado la experiencia de la Municipalidad de San José, entonces, no hay intercambio de ideas ni experiencias entre las municipalidades.

Por otra parte, es de reconocer que la regulación normativa sobre el financiamiento bursátil municipal es escasa. La municipalidad es considerada por la regulación del mercado de valores como un emisor más de las denominadas ‘instituciones públicas no bancarias’ y, al estar este saco común, se invisibilizan.

Aunado al desconocimiento y al poco desarrollo normativo, se suma el hecho de las disimilitudes que existen entre una y otra municipalidad.

Las municipalidades no se encuentran en iguales condiciones para incursionar en el financiamiento bursátil. Las dificultades para acceder al mercado de valores del sector no son igual de gravosas que las que podría tener una o varias municipalidades en particular.

Así, el peso del desconocimiento sobre este mecanismo impacta en mayor o menor medida, dependiendo de la municipalidad que se trate, según el presupuesto y la estructura organizativa con la que cuente.

No saber si la municipalidad tiene capacidad de aventurarse en el mercado de valores conlleva contratiempos y gastos, por tener que contratar a alguna empresa o persona que realice la evaluación, pudiéndose tardar dos o más años; o tener que pagar para que un externo estructure la emisión.

Un concejo municipal ignorante prolonga el proceso porque supone coordinar que en las sesiones que sean necesarias al menos una persona con experiencia explique a los regidores la temática.

A todo lo anterior hay que añadir el costo de los estados financieros auditados, documento que debe adjuntarse con el prospecto en el proceso de inscripción en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios (RNVI). Su precio ronda los 10 millones de colones. No todas las municipalidades pueden pagarlo, y las que sí, no necesariamente tendrán un resultado favorable, que puede demorar alrededor de seis años o más.

Las líneas expuestas conducen a afirmar que el financiamiento bursátil ofrece las mejores condiciones de financiamiento para el sector municipal, pero que no es utilizado.

Es posible informar al sector municipal sobre la dinámica del financiamiento bursátil a través de la capacitación municipal y el intercambio de experiencias de la única municipalidad emisora y de las que hayan practicado un acercamiento.

Las particularidades de un emisor, como las municipalidades, con históricos precedentes, y la estructura jurídica actual, que las han condicionado y caracterizado no siempre positivamente, son suficientes como para sostener que la municipalidad no es un emisor más.

Requiere de normativa que así lo reconozca y hace oportuno que los concejos municipales utilicen su atribución y objetivo de propuesta legislativa para el desarrollo de cuerpos normativos exclusivos para la regulación del financiamiento municipal.

Por último, es cierto que no todas las municipalidades están en condiciones de emitir deuda por sí mismas. El sector debe dominar maneras conjuntas de emisión de bonos, ya sea a través de formas asociativas municipales o societarias.

Estas vinculaciones municipales realmente se ven como una opción que seriamente debe ser considerada por el sector municipal, ya que les permite obtener los beneficios del mercado de valores mediante una nueva persona jurídica de naturaleza jurídica municipal, mientras se sopesan las debilidades de las áreas financieras municipales.

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SOBRE EL AUTOR:
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Dalia Benavides
Abogada