Los esquemas salariales en el sector público y la posibilidad de modificación

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En materia de empleo público, durante los últimos años, ha cobrado enorme relevancia lo concerniente a los esquemas salariales existentes. Cada esquema, independientemente del sector de la Administración, puede decirse que tiene como fin lograr una retribución económica justa -además de proporcional- al trabajo realizado, sin que pueda omitirse la eficiencia y satisfacción del interés público que deben prevalecer.

Lo expuesto de previo debe ser entendido en un contexto dinámico y variable, en el cual los esquemas de remuneración no son los mismos que se originaron años atrás, así como tampoco lo son las exigencias a las que debe ajustar su actividad cada entidad gubernamental o pública.

Ante este panorama, evitar o postergar discusiones serias y concienzudas sobre el tema salarial y sus posibles ajustes a costa de alegatos infundados o faltos de precisión se convierte en un tema de cuidado para todo el país, con afectaciones no solo para el sector público, sino también, para las empresas privadas y para todos los ciudadanos en general.

Más allá de los posibles proyectos de ley que se intentan discutir o difundir, es medular comprender que cada Administración, como patrono, ostenta un poder de dirección que le faculta revisar y regular las condiciones laborales de su personal, lo cual deberá ejercer con absoluto respeto de los derechos adquiridos que puedan identificarse.

Esta revisión es trascendental por cuanto una entidad podría diagnosticar los detalles de su actual sistema de retribución para determinar si se cumplen los parámetros de un salario competitivo y adecuado a las labores desempeñadas acorde con la eficiencia y eficacia exigibles.

Cabe decir que la revisión de condiciones salariales es un ejercicio que reviste la obligatoria necesidad de evaluar, de forma técnica y objetiva, los pagos que se efectúan, tanto para revisar su legalidad como su conveniencia y oportunidad. En consecuencia, será preciso que la organización identifique la naturaleza del pago, su origen, el fundamento jurídico y el tratamiento que a nivel interno se le ha brindado. Este análisis facilitará la determinación de si se está en presencia de un derecho adquirido, un pago que tiene respaldo en un mandato legal o es un complemento que puede ser modificado, incluso, de manera unilateral.

Ahora bien, previo a la realización de cualquier modificación que pueda representar un cambio sensible en las condiciones de empleo de un trabajador, conviene que se analicen las particularidades del caso específico. Además, es recomendable que la Administración cuente con los pertinentes estudios técnicos y objetivos que le permitan demostrar que el eventual cambio procura la mejora en la prestación de servicios y/o el funcionamiento interno de la organización, sin obedecer a simples arbitrariedades.

Llegados a este punto, es oportuno cuestionarse: ¿debemos homogeneizar condiciones salariales o se debe normar, manteniendo las diferencias, cada pago en cada institución? Estandarizar versus regular condiciones salariales es un tema que se presta para escribir largas páginas, pero independientemente de la posición que se adopte, la realidad impone a las instituciones, en su condición de patronos, y a sus colaboradores, el desafío y el deber de avocarse a implementar alternativas y mecanismos que incentiven el mayor rendimiento posible en aras de obtener el correcto funcionamiento de la Administración -ello tanto como la mejora justificada y proporcional en las condiciones salariales de los trabajadores según su propio desempeño, siendo recomendable empezar pronto con la revisión y adopción de las medidas que para ello se requiera-.

La revisión mencionada y la implementación de cambios podrán tener mejores y más expeditos resultados en el tanto se procure un diálogo transparente y serio entre las partes implicadas y sus representantes, bajo la premisa de que el diálogo puede ser el factor por el cual se logren acuerdos lícitos y oportunos. Dicho esto, es fundamental sopesar los intereses de las partes del vínculo laboral en cualquier posible variación, sin perder de vista que el tema analizado tiene incidencia para todo nuestro país y su discusión no debería postergarse por mucho tiempo más.

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SOBRE EL AUTOR:
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Ronald Gutiérrez
Abogado. BDS Asesores.