recuento laboral

Recuento laboral de cara a la reforma

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Un hito histórico dentro del ámbito laboral se está viviendo a seis meses de haber surtido efecto la llamada Reforma Procesal Laboral, la cual entró en vigencia el 25 de julio del año 2017. Es la más profusa de las reformas que se han realizado al Código de Trabajo desde su aplicación en 1943, por cuanto se compone de 340 artículos nuevos, dejando sin efecto 254 de los originales, pasándose de 624 artículos a 713, o sea, 89 artículos más y con títulos novedosos, atinentes a medidas de presión, infracciones laborales, prohibición de discriminar, prescripción y caducidad, jurisdicción especial de trabajo y régimen laboral de los servidores del Estado.

Ahora bien, una de las modificaciones más importantes es la creación de un procedimiento especial, célere y cautelar, perteneciente a la protección de fueros especiales y debido proceso, el cual pretende que en casos de violación a protecciones privilegiadas que el ordenamiento jurídico le ha concedido a determinadas situaciones (incluida la discriminación), deban ser tratadas de manera prioritaria y singular, tanto por parte de las autoridades administrativas como judiciales laborales, con el fin de no prolongarlas en el tiempo. Sí, es importante recordar que para poder utilizar este tipo de ‘amparo laboral’ conforme a la nueva legislación, la parte que alegue -por ejemplo- una discriminación como parte de una violación a un fuero o un debido proceso, señale específicamente el sustento fáctico en el que funda el alegato y los términos de comparación en que se substancie la afirmación. Es decir, no se puede alegar por alegar un motivo de discriminación por el hecho de querer hacerlo. Y por otra parte, la persona a la que se demande, conforme al Código de Trabajo, podría exonerarse de cualquier responsabilidad, siempre y cuando indique que su actuación u omisión está basada en una justificación objetiva, racional y proporcional con base en el artículo 478 del código mencionado.

En seis meses, según datos del Departamento de Gestión, dados a conocer a la prensa nacional por la viceministra de Trabajo y Seguridad Social, la máster Nancy Marín, la Inspección de Trabajo ha pasado a atender casos por hostigamiento laboral de un 13 % en promedio mensual a un 16, 41%; en el tema de restricción de derechos de trabajadora embarazada, de un 27% a casi el 30%; y en cuanto al tema de la discriminación en general, de un 0,29% a la cifra de 1,75%, lo que equivale a un aumento significativo en un plazo relativamente muy corto. Por otro lado, en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, se han planteado siete asuntos de constitucionalidad referidos al límite de pago de salarios caídos (voto 14.514-17); sobre la defensa gratuita (voto 016.270-17); respecto a los medios de impugnación y la oportunidad para alegarlos (17.059 y 19.638, ambos del año 2017); en cuanto a la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa y la jurisdicción laboral (19.112-17); respecto a la actualización de indemnizaciones a los trabajadores sobre valor presente (voto 1.038-18); y una acción genérica planteada contra toda la Reforma Procesal Laboral (1.053-18). Cabe decir que todas han sido rechazadas de plano por falta de requisitos conforme a la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Finalmente, es oportuno traer a colación el voto constitucional N.° 17.948, del año 2017, el cual se redacta producto del giro de 180 grados que sufrió el procedimiento en favor de los aforados con el fin de ampararlos dentro de la misma vía legal laboral, para lo cual se le dotó a la autoridad judicial -en caso de las violaciones referidas a aplicar de manera oficiosa- medidas cautelares y anticipadas para proteger y garantizar el objeto y efectividad del proceso, incluso de manera atípica, siempre que no exceda los límites de racionalidad y proporcionalidad, pudiendo en cualquier momento sustituir o levantar las mismas, según lo previsto por la legislación, con la posibilidad de interacción de las autoridades de los diversos Poderes de la República para que se pueda cumplir el cometido de dicho proceso.

Ante este panorama legal, es que la Sala Constitucional considera -en redacción del magistrado y doctor Luis Fernando Salazar Alvarado- que ya no es necesaria la protección dentro del ámbito constitucional (como había ocurrido anteriormente bajo la aplicabilidad del título V, capítulo único, sobre los derechos y garantías sociales), de tal suerte que, de ahora en adelante, las pretensiones deducidas en recurso de amparo constitucional no van a ser atendidas dentro de dicho ámbito jurisdiccional al ser posicionadas y desarrolladas por medio de nuevos mecanismos procesales que prevé la citada Reforma Procesal, con amplia posibilidad de dirimir los conflictos de manera rápida, sencilla, oral, inmediata y gratuita, junto con el recaudo del material probatorio por parte de una jurisdicción especializada en la materia.

Definitivamente, con este repaso de los efectos que está surtiendo en el país esta gran reforma, se puede concluir preliminarmente que, en estos primeros 6 meses, ha empezado a desarrollarse con mayor preponderancia un respeto al mandato constitucional de una justicia pronta y cumplida y a existir una predisposición por parte de la población por demandar la protección de sus derechos. No obstante, para que esto pueda ser sostenible en el tiempo, es necesario un fortalecimiento y estudio constante en todo ámbito que implique el desarrollo de la presente reforma laboral.

 

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SOBRE EL AUTOR:
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Eric Briones
Dr. Eric Briones Doctor en Derecho Laboral Miembro de la Comisión de Gestores de Opinión del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.