Regulación de las actividades profesionales no financieras designada en las recomendaciones del Gafilat

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Como parte del esfuerzo del Gobierno de Costa Rica para prevenir o mitigar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, nuestro país se hizo miembro del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en 2010. Y esta misma entidad emitió una serie de recomendaciones para la regulación de las actividades profesionales no financieras designadas (APNFD).

Esta organización intergubernamental tiene como objetivo “fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional” (1), así como prevenir el financiamiento de armas de destrucción masiva.

Así las cosas, el Gafilat emitió los estándares internacionales para la lucha contra estos males, también conocidos como ‘Recomendaciones GAFI’.

Estas recomendaciones representan un estándar normativo internacional que los países miembros deben implementar de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos, tomando en consideración sus contextos sociales, económicos y políticos. Versan sobre los siguientes aspectos:

  • Identificación de riesgos y desarrollo de políticas internas.
  • Lucha contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas masivas.
  • Implementación de medidas preventivas para el sector financiero y otros sectores designados.
  • Establecimiento de responsabilidades, poderes y medidas institucionales.
  • Mejoramiento de la disponibilidad de la información sobre el beneficiario final de las personas jurídicas.
  • Facilitación de la cooperación internacional.

Dentro de las 40 recomendaciones de Gafilat, se establece que las actividades y profesiones no financieras designadas están sujetas a los requisitos de debida diligencia del cliente y el mantenimiento de registros establecidos en las recomendaciones.

La recomendación número 22 enumera cuáles son las actividades y profesiones no financieras designadas, dentro de las cuales se incluyen casinos, agentes inmobiliarios, comerciales de metales y piedras preciosas, abogados, notarios, otros profesionales jurídicos independientes, contadores y proveedores de servicios societarios y fideicomisos cuando se encuentren en el ejercicio de determinadas actividades.

En el caso de abogados, notarios y contadores, estos deben cumplir con el procedimiento de debida diligencia sobre sus clientes cuando realicen las siguientes actividades: (i) compra y venta de bienes inmuebles; (ii) administración del dinero, valores u otros activos del cliente; (iii) administración de las cuentas bancarias, de ahorros o valores; (iv) organización de contribuciones para la creación, operación o administración de empresas; (v) y la creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas y compra y venta de entidades comerciales.

En cuanto a los proveedores de servicios societarios y fideicomisos, se destacan las siguientes actividades: (i) actuación como agente de creación de personas jurídicas, (ii) actuación como director o apoderado de una sociedad mercantil, (iii) socio de una sociedad, (iv) y actuación como accionista nominal para otra persona.

Asimismo, la recomendación número 23 establece la obligación adicional para los abogados, notarios y contadores de reportar operaciones sospechosas cuando en nombre de un cliente o por un cliente se involucran en una transacción financiera las actividades descritas anteriormente.

Las recomendaciones Gafilat sobre procedimientos de debida diligencia se establecen en la recomendación número 10 y deben realizarse cuando: (i) se establezcan relaciones comerciales, (ii) se realicen transacciones ocasionales por encima de 15 mil dólares, (iii) exista una sospecha de lavado de activos o financiamiento de terrorismo, (iv) o se tenga duda sobre la veracidad de los datos del cliente obtenidos previamente.

Las obligaciones de debida diligencia consisten en: (i) la identificación del cliente (debiendo verificarse su identidad, utilizando información confiable de fuentes independientes), (ii) la verificación del beneficiario final en caso de personas jurídicas, (iii) obtener información sobre el propósito de la relación comercial o transacción que el cliente está solicitando, (iv) y realizar debida diligencia continua sobre las transacciones realizadas a lo largo de la relación comercial con el cliente.

La obligación de identificar al beneficiario final en caso de personas jurídicas proviene de la recomendación número 24, que estipula el deber de los países de impedir el uso indebido de personas jurídicas para el lavado de activos y asegurar que exista información adecuada y precisa sobre el beneficiario final y las personas que ejercen el control de personas jurídicas.

La recomendación número 11 establece la obligación de conservar los registros de los clientes y las transacciones realizadas por un período de cinco años, esto con el fin de cumplir posibles requerimientos de información por parte de la autoridad competente.

Según el Informe sobre el Proyecto de Actividades y Profesiones no Financieras Designadas, para la implementación de las recomendaciones Gafilat, en la mayoría de países miembros, se estableció una estructura de dos niveles: una ley general que establece las obligaciones para todos los sujetos designados y unos reglamentos a dicha ley desarrollados según el tipo de sujeto o actividad.

En el caso de Costa Rica, la autoridad encargada de la implementación de las recomendaciones Gafilat es la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas, la cual ya emitió en abril del año anterior una guía que establece cuál será el enfoque utilizado para la implementación de estas normativas: el enfoque basado en riesgos.

Esta guía establece que el enfoque basado en riesgos (EBR) permitirá que las autoridades competentes, las instituciones financieras y las APNFD sean capaces de implementar medidas para prevenir el lavado de dinero correspondientes con los riesgos identificados.

En nuestro país, la aplicación legal de las recomendaciones Gafilat se realizó mediante la Ley N.° 9449, Reforma a la Ley N.° 7786 Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.

La Reforma a la Ley N.° 7786 establece, dentro del artículo 15 bis, las actividades profesionales de abogados, notarios y contadores. Asimismo, introduce un nuevo artículo 15 ter que, además de crear el Área de Prevención de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en la Dirección Nacional de Notariado (que será la instancia encargada sobre esta materia según la reglamentación que emita el Poder Ejecutivo), establece las obligaciones que deberán cumplir los notarios respecto a las recomendaciones previamente mencionadas.

Por otra parte, se introduce el artículo 16 bis, que crea la base de datos con información de la política ‘conozca a su cliente’ de los sujetos obligados, la cual estará en la Superintendencia General de Entidades Financieras, estableciendo sanciones penales ante el mal uso de la información.

Igualmente, se reforma el artículo 81 para establecer sanciones para las APNFD en caso de incumplimiento, que dependerán de la gravedad de la falta y se extienden desde un cinco hasta un 50 porciento de la transacción realizada o de dos hasta 100 salarios base según el tipo de faltas cometidas.

A modo de conclusión, es necesario dilucidar sobre las razones que convierten a abogados y notarios en nuevos sujetos obligados a la implementación de procesos de debida diligencia propios de entidades financieras.

Si bien países como Argentina, Bolivia, Brasil y Chile no incluyen a los abogados como sujetos obligados en razón de ser un servicio protegido constitucionalmente y que cuenta con secreto profesional inviolable, Costa Rica acató las recomendaciones e incorporó todas las profesiones y actividades establecidas en la recomendación número 12 del Gafilat.

No obstante, la inclusión de los profesionales en derecho realizada por Costa Rica se hace de acuerdo con las actividades que desarrollan, es decir, las obligaciones de debida diligencia aplican para aquellos abogados o notarios que realicen las actividades descritas en las recomendaciones.

La razón por la cual Gafilat incorpora a los abogados y notarios dentro de las profesiones no financieras designadas es el nivel de riesgo que representan los servicios ofrecidos por estos profesionales, ya que existe la posibilidad de que sean utilizados como mecanismos para el lavado de dinero o financiamiento de terrorismo.

Saber cómo, a partir de cuándo y el medio por el cual se deberán cumplir estas nuevas obligaciones para los profesionales en leyes depende de la publicación de los respectivos reglamentos por parte de las autoridades competentes.

Por lo anterior, es recomendable estar atentos a los canales de comunicación de las autoridades y mantenerse informados sobre esta normativa que viene a generar importantes cambios en el ejercicio de nuestra profesión.

(1) Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. ‘Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva’ (2017), p. 6

 

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Pamela Castillo